Más de 3.000 transportistas han presentado dos demandas colectivas en las que reclaman unos 100 millones de euros por el perjuicio económico que han sufrido después de que las tres mayores empresas de distribución de carburante en España —Repsol, Cepsa y BP— creasen un sistema de fijación de precios que impedía la libre competencia tanto de sus asociados como de los distribuidores independientes a los que proveían combustible.

Los escritos fueron presentados el pasado 29 de diciembre, tal como ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar este diario, en Madrid (donde tienen sede Repsol y Cepsa) y en Castellón (donde tiene su central BP). En ellos, la Plataforma de Afectados por las Petroleras, impulsada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y por la Federación Andaluza de Transportes (Fatrans), reclaman a las tres grandes operadoras una reparación por los precios “abusivos” pagados en los años en los que estuvo en vigor este esquema.

El caso se remonta al verano de 2009, cuando la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, en su día CNC) multó con casi ocho millones de euros a Repsol, Cepsa y BP por imponer un sistema de precios máximos a las gasolineras independientes a las que surtían combustible. En la práctica, se impedía así cualquier tipo de rebaja en el precio del carburante, dañando la competencia e inflando el precio para los consumidores finales, y les permitía a las gasolineras que operaban bajo su bandera a mantener los precios altos. Por aquel entonces, las tres empresas controlaban el 70% del mercado de estaciones de servicio. Dado que cerca de la cuarta parte de los costes de un camionero es el carburante, este colectivo estaba entre los más afectados.

La resolución sancionadora de Competencia fue ratificada posteriormente tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo. Y, como enfatizan desde Fenadismer, el organismo que vela por el correcto funcionamiento de los mercados “ha venido confirmando que esas prácticas se han seguido produciendo, incrementando de forma escandalosa sus márgenes de comercialización”. Son, según subrayaba esta federación en junio pasado, “miles de millones de litros de combustible” los que se habrían pagado con sobreprecio “durante los últimos 14 años”.

Fuentes cercanas a los demandantes abren, además, la puerta a una segunda demanda para que se puedan sumar otros camioneros afectados. Habida cuenta de que en España hay unos 100.000 transportistas en activo que consumen diésel, entre camiones pesados y ligeros, podrían ser varios millares más los que podrían sumarse a la demanda colectiva. “Puede haber 10 veces más que logren presentar las facturas de repostaje de todos estos años”, apostillan. “El problema es ese: que aún tengan las facturas para poder presentarlas”.

Un portavoz de Cepsa reafirma a este diario el “firme compromiso con la defensa de la libre competencia” y subraya que “la CNMC dictaminó en 2020 que la compañía se ajustaba exactamente a lo exigido en sus anteriores resoluciones”. Repsol y BP, por su parte, afirman no haber recibido “todavía notificación alguna de dicha demanda” y, “por lo tanto, no podemos hacer aún una valoración en profundidad sobre la situación”.

Vía : El País